Estado de Situación de la Expresión en Guatemala
- Héctor Javier Tecum Jorge / Tesorero del CER WACC
- 10 may 2018
- 3 Min. de lectura
El 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ocasión propicia para hacer eco al llamado del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, a los gobiernos para que impulsen la libertad de prensa y protejan a los periodistas y se promueva una prensa libre para defender nuestro derecho a la verdad».
El contexto de inseguridad para la prensa en América Latina es de suma preocupación, particularmente en el caso guatemalteco en los últimos cinco años, ha sido complejo, son numerosos los ataques en contra de periodistas y medios de comunicación, radial, escrito, televisivo e incluso los del ámbito digital.
Las autoridades de gobierno, lejos de condenar públicamente estos actos o implementar acciones para la seguridad de la prensa, mantienen un discurso de confrontación. Prueba de esto son las declaraciones vertidas por el fallecido alcalde de la ciudad capital, Álvaro Arzú, quien dijo que “se debía pasar por encima de la cabeza de los medios de comunicación negativos”.
Las declaraciones del extinto alcalde se suman a las críticas infundadas, emitidas por el presidente Jimmy Morales hacia la prensa, actitud que ha mantenido casi desde el inicio de su mandato, al extremo de acusar a los medios de comunicación de generar especulaciones de un Golpe de Estado, especulaciones que él mismo promueve en sus discursos.
En el Congreso de la República se encuentra una iniciativa para reformar el Código Penal, la cual crearía el delito de “ciberterrorismo”. La norma aparentemente buscaría prevenir y sancionar las conductas delictivas relacionadas al terrorismo, sin embargo, ésta incluye un párrafo que riñe con la Constitución Política y tratados internacionales en derechos humanos, pues castigaría las críticas en redes sociales, en éste caso, el vicepresidente Jafeth Cabrera Franco ha sido uno de los promotores de ésta ley.
Esta normativa afectaría a la sociedad en su conjunto, pero especialmente a los medios de comunicación, periodistas, columnistas y otros profesionales de la comunicación que investigan, critican e informan sobre los actos de funcionarios y políticos, es una clara violación al artículo 35 de la Constitución Guatemalteca.
Se teme que el complicado contexto político y el futuro proceso electoral del 2019 agraven la violencia hacia la prensa y crezcan los ataques hacia los periodistas, particularmente por políticos que buscan un espacio en la administración pública y a las autoridades actuales que son acusadas de actos delictivos y que ven en la prensa crítica un enemigo, por difundir información que consideren incomoda o negativa para su imagen.
Los medios de comunicación y periodistas en los departamentos nuevamente serían los más vulnerables en esta complicada coyuntura electoral que se avecina, como ocurrió en 2015, al ser blanco de ataques físicos, amenazas de muerte, destrucción o robo de su equipo de trabajo, censura e inclusive de asesinatos.
Según el Observatorio de los periodistas de la Agencia de Noticias CERIGUA, la situación guatemalteca está lejos de presentar mejorías, porque en el primer trimestre de éste año continuaron los asesinatos, campañas de desprestigio y ataques físicos contra comunicadores sociales, mientras que las autoridades, en lugar de promover la libertad de prensa, buscan mecanismos legales para criminalizar las opiniones en redes sociales.
En su análisis, el Observatorio de los Periodistas subraya que el presidente Morales está llamado a respetar a la prensa en general y evitar discursos que generen animadversión hacia los profesionales de la información; “El mandatario debe entender el papel fiscalizador de los medios y no atacarlos por noticias que considera negativas.
Desde la WACC-AL nos solidarizamos con todas las entidades de prensa de la región y les animamos a seguir trabajando por el derecho a la libertad de opinión y de expresión sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión.
Reiteramos nuestro compromiso de trabajar por el derecho a la comunicación de todas y todos como un derecho humano básico y esencial para la dignidad de las personas y de la comunidad, enraizada en la fe cristiana.
Seguiremos trabajando con y para quienes se les niegan el derecho a la comunicación por su status, su identidad o su género, defendemos el pleno acceso a la información y la comunicación y promueve los medios de difusión abiertos y diversos para el avance de la paz, la comprensión y la justicia.
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